…en 2021 se acumuló el mayor número de víctimas de feminicidio y carpetas de investigación por violación y violencia familiar desde que se tiene registro. Advierte que la extorsión presenta una tendencia nacional al alza, delito que creció 11.3 por ciento respecto a 2020 y que la tasa alcanzó su segundo pico más alto desde que se tiene registro. Foto: Especial.

Ciudad de México, 24 enero 2022 (REDACCIÓN/ CDMX MAGACÍN).- El año pasado fue el más violento contra las mujeres, así lo demuestra el “Análisis de la Incidencia Delictiva en 2021”, presentado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad
(ONC).

El documento indica que en 2021 se acumuló el mayor número de víctimas de feminicidio y carpetas de investigación por violación y violencia familiar desde que se tiene registro. Advierte que la extorsión presenta una tendencia nacional al alza, delito que creció 11.3 por ciento respecto a 2020 y que la tasa alcanzó su segundo pico más alto desde que se tiene registro.

El director del ONC, Francisco Rivas, lamentó que el gobierno federal haga oídos sordos de las críticas en detrimento de la seguridad de la ciudadanía pese a los múltiples llamados a corregir el rumbo y presuma descenso de todos los delitos con gráficas que muestran comparativas absurdas desde todo punto de vista metodológico, cuando en realidad los datos oficiales cuentan otra historia.

Sostuvo que una de las razones por las que no se observan mejoras en la materia es la insuficiencia y la ejecución deficiente del gasto público.

Rivas destacó que las víctimas de feminicidio aumentaron 2.7 por ciento; las de homicidio culposo 6.5 por ciento; las de extorsión 12.3 por ciento; las carpetas de investigación por robos transeúnte 10.2 por ciento; las de robo en transporte público 15 por ciento; las de violación 28.1por ciento; las de trata de personas 12.3 por ciento; las de narcomenudeo 7.2 por ciento; las de violencia familiar un 15.3 por ciento, y las lesiones dolosas 7.8 por ciento.

“En el caso en que estos datos no fuesen suficientes para exhibir la manera en la que el gobierno federal emite declaraciones falsas y relativiza el problema de la violencia de nuestro país, puede ser útil comparar las tasas de ocurrencia de estos delitos contra los datos oficiales de 1997 a la fecha para ver el conjunto de récords negativos acumulados el año pasado.

“2021 concluyó como el peor año de la historia en víctimas de feminicidio, de extorsión, carpetas de investigación de trata de personas, de lesiones dolosas, de violaciones y de violencia familiar; cuarto peor año en homicidio doloso y en homicidio culposo; sexto peor en robo a negocio.

Estos lamentables datos son efecto de una serie de errores que la actual administración federal mantuvo de sus antecesores y, otros tantos, de gran gravedad se derivan de la actual estrategia de seguridad.

1. La narrativa de la “transformación” no pasó el examen de la coherencia de políticas públicas. Las políticas de prevención y reacción al delito de este gobierno siguen siendo las mismas de sus dos antecesores.

2. La definición de la política de seguridad sigue siendo deficiente, evidencia de ello es que el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana carece de los elementos que permitan entender con claridad a qué se refiere la política de “abrazos y no balazos” puesto que los 5 programas sectoriales que debían haber sido publicados hace más de dos años, aún no se han publicado.

3. Lejos de cumplir la promesa de desmilitarizar la seguridad, este gobierno ha dado todos los poderes y recursos al ejército, al tiempo que abandonó la policías civiles de todo el país. Con la creación de la Guardia Nacional (GN) como una institución que sigue la formación, régimen disciplinario y mando militar, el presidente López privó a los mexicanos de una institución civil federal de seguridad. Pese a ello y a una mayor presencia en el territorio nacional de las fuerzas federales los delitos siguen creciendo y es evidente que la delincuencia organizada controla cada vez más el territorio nacional.

4. Si bien los datos de incidencia de secuestros parecen alentadores, la estadística oficial muestra evidencias de manipulación en registros. Asimismo, en esta administración se desmanteló el control de calidad de las Unidades Especializadas en Combate a los Secuestros como efecto de transformar la Comisión Nacional Antisecuestros en una oficina operativa al servicio de la GN.

5. Desde el inicio de esta administración López y su gobierno prometieron ir tras los activos de la delincuencia como una forma más efectiva de combate a la delincuencia y si bien este gobierno bloquea miles de cuentas bancarias, no logra judicializar los casos y termina devolviendo los activos.

6. Los desvíos del presupuesto de seguridad hacia los programas insignia de esta administración -el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas- acentuaron la erosión institucional y mermaron la capacidad de policías y fiscalías locales en prevenir, reaccionar y perseguir delitos como la violencia de género, los robos y las extorsiones.

Los fracasos de esta administración incluyen el aumento de los delitos cibernéticos, de delitos electorales y de violaciones graves a derechos humanos; el aumento de comunidades desplazadas por la violencia; la caída en detenciones y sentencias condenatorias; el aumento del 120 por ciento de personas desaparecidas, que pasaron de 41 mil a 92 mil en apenas en 3 años.

El debilitamiento de la Fiscalía General de la República y el abandono de la consolidación del Sistema de Justicia Penal por parte del SESNSP agravarán la crisis de impunidad por lo que minará la confianza en las instituciones de justicia.

El activista condenó la falta de planes sectoriales y de una estrategia clara, verificable, anclada a indicadores objetivos, lo que hace suponer, dijo, que en 2022 y hasta el final del sexenio la violencia seguirá creciendo de la mano con la falta de gobernabilidad y el debilitamiento del Estado de Derecho.

El despliegue de las fuerzas federales solo brinda resultados marginales. El país, dijo, ya no se puede militarizar más (no hay cómo ni con qué), a menos que el gobierno federal ponga a personal administrativo a patrullar calles, carreteras o vigilar aduanas.