La diputada local de la Asociación Parlamentaria Ciudadana Daniela Álvarez pidió la comparecencia del titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Carlos Ulloa debido a la opacidad en la operación de los directores de participación ciudadana en Alcaldías.
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de abril, (REDACCIÓN CDMX MAGACÍN).-La diputada local de la Asociación Parlamentaria Ciudadana Daniela Álvarez pidió la comparecencia del titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Carlos Ulloa debido a la opacidad en la operación de los directores de participación ciudadana en Alcaldías.
Álvarez Camacho, exhibió un audio donde la directora en la Alcaldía Venustiano Carranza da instrucciones e informa sobre la capacitación que recibirán para recabar 60 mil firmas que enviarían al Instituto Nacional Electoral en apoyo la consulta de revocación
“Astrid de Jesús Miranda es a quien acabamos de escuchar y quién, de acuerdo a la solicitud de información, sigue al frente de esta Dirección y de quien seguramente, ni siquiera se ha iniciado una investigación por los hechos expuestos, sucedidos hace más de 4 meses”, expuso la diputada.
Por lo anterior, dijo que es necesario que el titular de la SIBISO acuda al pleno a explicar los detalles de operación de dichos funcionarios, mismos que mediante un decreto de la jefa de Gobierno, fueron ingresados a las estructuras de las Alcaldías, modificando el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local.
“Hay que distraer un poquito al secretario Carlos Ulloa de sus aspiraciones personales y que nos conteste ¿cuáles son los instrumentos normativos que establecen de forma concreta las funciones y entregables de estos directores?
Continua: ¿cuántos de éstos fueron denunciados por hechos relacionados al ejercicio de revocación de mandato ¿y que nos explique, ¿cuáles fueron las acciones realizadas para garantizar el no desvío de recursos públicos y cómo protegen los datos personales?”, cuestionó.
Expuso que cada uno de los directores cobra más de sesenta y siete mil pesos mensuales, lo que al año representan más de 13 millones de pesos de gasto al erario de la ciudad, que bien podrían invertirse en quimioterapias o atenciones médicas u otros servicios necesarios para las y los ciudadanos.
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