CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre, (CDMX MAGACÍN).-Ante la constante práctica de los deudores alimentarios de proporcionar datos falsos principalmente sobre su localización, esto con la intención de evitar atender su llamado a juicio por presunción de necesidad; las diputadas María Gabriela Salido Magos, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, ambas, Gabriela Quiroga Anguiano y Polimnia Romana Sierra Bárcena, proponen que la Unidad de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México (UMECA), intervenga para investigar y localizar a las personas que enfrentan este tipo de procedimientos, evitando así que los costos de estas acciones corran a cargo de quienes interponen una demanda.

“Es lamentable ver como las personas, en muchos casos apoyados por familiares, abogados e incluso autoridades, proporcionan datos, domicilios falsos, entre otros, para eludir su obligación que como padres o madres tienen de atender la alimentación y atención de los hijos e hijas, de aquí la necesidad de brindar el apoyo para quienes hacen valer el derecho de toda niña o niño a gozar de la presunción de necesitar alimentos”, explicó Salido Magos.

Esta iniciativa modifica a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de la Ciudad de México y busca atender el interés superior de la infancia, a través de la UMECA, ente que actualmente emite los dictámenes que establecen el riesgo de fuga de las personas que enfrentan algún tipo de proceso, y que para el caso actuarían en juicios familiares, determinando la peligrosidad procesal del presunto deudor.

Los dictámenes que emita dicha unidad, deberán precisar si el presunto deudor, contra quien se entablara la acción de pago de alimentos: es localizable o no y el domicilio donde puede ser emplazado, si cuenta con arraigo familiar o laborar; evaluará su disposición a someterse a proceso, la posibilidad de alteración de pruebas y el peligro hacia la o las víctimas, así como la probabilidad de sustracción o fuga, bajo el mismo rigor técnico que opera en el sistema penal acusatorio.

“Sin duda, aseguró la congresista Gaby Salido, existe una deuda histórica en la defensa de los derechos de las niñas y niños, por lo que como Congreso no podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados ante esta urgencia, aun cuando existe un incumplimiento de más de 5 años por parte del Congreso de la Unión, de emitir la legislación única en materia procesal civil y familiar.

“Por lo que, basadas en el principio del interés superior de la niñez hacemos esta propuesta, y quienes la firmamos hacemos votos para que encuentre eco en el resto de los y las diputadas de este legislativo, en favor de las nuevas generaciones”, concluyó.