CIUDAD DE MÉXICO,1 de agosto, (CDMX MAGACÍN). –El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ordenó medidas cautelares en contra de la excandidata Catalina Monreal y cuatro integrantes de Morena por violencia política en razón de género en contra de la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Lo anterior, tras acusar a la exdiputada local de realizar un montaje en el atentado armado que sufrió durante su campaña.

 Dicha sanción incluye a Sebastián Ramírez, presidente de Morenal CDMX, la diputada expanista,  Ana Villagrán, el senador morenista Israel Zamora y Sergio Gutiérrez, diputado federal por Morena por haber acusado a Rojo, en medios digitales, de conductas delictivas como «fraudes», «tratantes de personas» y «delitos electorales”.

Así como la realización de un montaje y fabricación de un «autoatentado», lo que podría considerarse como calumnia.

Mediante una investigación, el IECM comprobó que en las publicaciones digitales se cuentan con los elementos suficientes para establecer que los probables responsables pudieron haber infringido la normativa.

 Debido a lo anterior, el IECM inició el proceso sancionador contra Monreal Pérez y sus compañeros de partido y se les ordenó que, en un plazo improrrogable de 24 horas, a partir de la notificación de las medidas cautelares, se suspendan y retiren de la difusión masiva los contenidos denunciados.

 Asimismo, cualquier otro medio digital o impreso en el que los probables responsables lo hayan difundido en las ligas electrónicas.

Por lo anterior, Catalina Monreal, Sebastián Ramírez, Ana Villagrán, Israel Zamora y Sergio Gutiérrez tienen prohibido referirse a la alcaldesa electa como «alefarsa», «candidata del PRIAN», «candidata del partido de tratantes» o calificar el delito que sufrió de «autoatentado» y «montaje».

Y todo aquello que atente en contra su dignidad humana, honra y reputación, con la finalidad de que dejen de violentarla en medios de comunicación y a su vez, evitar que su familia sufra cualquier otro tipo de violencia.

 Y en caso de que los probables responsables incumplan con las medidas cautelares, se les impondrá una medida de apremio que podrá ser desde una amonestación, multa de cincuenta hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización o el uso de la fuerza pública.