CIUDAD DE MÉXICO, 3 de agosto, (CDMX MAGACÍN). –Víctimas de despojo ligados a la operación de organizaciones de vivienda y del mismo Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) expusieron sus casos en el Congreso CDMX denunciando opacidad, tráfico de influencias y omisión por parte del Instituto de Vivienda (INVI).

“Nos tratan como títeres cuando vamos a verlos, dicen que nos dan solución y nos atienden, pero son idas y reuniones en las que no se nos da una resolución a nuestras demandas, por lo que vinimos a solicitar el apoyo de los diputados, porque al tratarse de este instituto, nadie quiere afectarlos”, dijo Rigel Osorio.

Es de resaltar que, Osorio Sierra fue uno de los afectados que compró una casa que le fue despojada dos años después, en calle Tlaxcala 22, colonia Providencia, Sección 5, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

En conferencia de prensa, dueños de los predios ubicados en distintas alcaldías de la CDMX, narraron cómo llevan hasta 15 años en juicios o trámites con nulos resultados, mientras ellos se encuentran fuera de sus propiedades.

“Este caso es sólo uno de los más de 30 detectados y que ya cuentan con judicialización o están en vía de, algunos con más de 15 años de haber sido invadido el predio, con fallos y cambios de encargado del caso en el Ministerio Público, como el de Antonio Caso 104, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las víctimas fueron recibidas por la diputada de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez quien presentó un punto de acuerdo para exhortar al contralor general de la CDMX, Juan José Serrano, para que realice las investigaciones ante el INVI sobre posibles actos de cohecho, tráfico de influencias, conflicto de interés y desvío de recursos a través de organizaciones, quienes han despojado de sus viviendas a terceras personas.

También, las diputadas Gabriela Salido Magos (PAN) y Silvia Sánchez Barrios (PRI), quienes escucharon los testimonios de los predios ubicados en Belisario Domínguez 43 y de Plaza Comonfort 22, que fueron registrados como beneficiarios del INVI y posteriormente echados para dar esas viviendas a otras personas con engaños y demandas sostenidas por el mismo organismo.

“Nosotros no estamos en contra de la vivienda para los que la requieren, pero que sea digna y se haga bien, sin afectar a terceros o con opacidad en la operación, porque nosotros hemos encontrado una red que involucra al director ejecutivo del INVI, Rodrigo Chávez Contreras, quien ha dado recursos y autorizado proyectos a su hermana Esperanza, a través de la asociación MUHL, pero además tenemos registrados otros casos que involucran a diversas asociaciones ligadas a diputados de esta legislatura y al mismo jefe de gobierno en litigios”, explicó Álvarez Camacho.