Para contar

Arturo Zárate Vite

La intención de eliminar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) no es ninguna novedad. En la pasada legislatura (LXIV) buscó hacerlo el ahora presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Organizó foros sobre el tema y llegó a la conclusión de que se requieren en las 32 entidades del país.

Desistió de su idea original, aunque observó la urgencia de un manejo más riguroso y transparente del presupuesto, evitar excesos o derroches en la realización de programas que no son esenciales. Hay instituciones que no son cuidadosas con su austeridad.

Sin embargo, no parece ser el principal problema de los OPLES. La reforma electoral que se avecina, por lo que ha trascendido, insistirá en ponerles fin, con el argumento de que siguen sin funcionar con imparcialidad.

Desde antes de que nacieran, era del dominio público la influencia de los gobernadores en los organismos electorales estatales. Totalmente controlados. A los consejeros los elegía el congreso local y la mayoría en el congreso local estaba a las órdenes del gobernador.

Con la creación de los OPLES se modificó la ley para que los consejeros locales fueran electos, previo procedimiento de evaluación, por los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE). De esa manera se cortó de tajo la intervención que tenía el gobernador en este procedimiento.

Todo parecía encaminarse a que sería suficiente con esa medida para que nadie tratara de manipularlos. Ya ninguno de los consejeros le debería el cargo al gobernador en turno.

No fue suficiente, el poder legislativo no se dio cuenta o no quiso darse cuenta, que los nuevos organismos continuarían bajo el dominio del mandatario estatal, porque ahora el control lo ejercería a través de presupuesto. El presupuesto lo aprueba el congreso local, nada más que en esa instancia, como sucedía en el pasado, la mayoría parlamentaria, en casi todos los casos, responde a intereses del gobernador.

Hay que reconocer que existen OPLES que han sabido actuar con estricto apego a la ley, verticales, sin interferencias de nadie, sin aceptar presiones de ningún tipo. La designación que se hace de consejeros locales desde el INE ha sido de gran ayuda. Cuando llegan a desviarse del camino, el propio instituto nacional ha procedido a relevar los cuadros incumplidos.

Hasta donde se sabe, la reforma electoral va por ejercer un mayor control desde el órgano central, para que los gobernadores no tengan ninguna oportunidad de controlarlos.

Desaparecerlos, como lo pudo comprobar el diputado Gutiérrez Luna, que tiene más de una veintena de años siendo experto electoral, no sería la mejor opción. En todo caso, perfeccionar su funcionamiento o transformarlos, hacer ajustes y cambiarles de nombre, no pretender empezar de cero, porque significaría desperdiciar lo avanzado o echar a la basura el dinero público que hasta ahora se ha invertido.

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