Ciudad de México, 28 de agosto (REDACCIÓN / CDMX MAGACÍN).-En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estamos convencidos que más allá de reconocer las carencias que persisten en el modelo de abasto de medicamentos, las autoridades deben abrirse al diálogo con el sector privado para establecer un esquema de distribución que asegure a los pacientes el acceso oportuno de medicamentos para atender sus padecimientos.

Desde Coparmex consideramos que, si bien no es necesario regresar al modelo anterior, sí es apremiante que las autoridades de salud y del Gobierno Federal dialoguen con las empresas farmacéuticas para que se desarrollen e implementen las mejores soluciones posibles y se logre que el 38 por ciento de la población que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuente con medicamentos.

Es importante mencionar que el IMSS expide anualmente más de 215 millones de recetas, de las cuales, cerca de 15 millones no pudieron ser surtidas de manera oportuna en el último año, esto de acuerdo con el resultado del Análisis de Compras consolidadas para el periodo 2019-2021, que en su Índice Anual de Atención de Recetas revela que la cifra bajó de 98.2 por ciento en 2019 a 91.2 por ciento en 2021.

La información disponible para el 2022, sugiere que probablemente haya una pequeña mejora en el proceso de abastecimiento de medicamentos, sin embargo, al permanecer el mismo modelo del 2020 y 2021 los problemas de fondo continúan. En ese sentido, el Colectivo Cero Desabasto reportó que tan solo los primeros tres meses del 2022, el IMSS ya había negado más recetas que todas las que se negaron en 2019 o en 2017 y 2018 juntos.

El reporte señala también que en el 2021 el Gobierno Federal gastó 36 mil 905 millones de pesos, lo que representa dos mil 195 millones de pesos más de lo que gastó en 2019. Con esto se aprecia que el modelo implementado a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos Especiales (UNOPS), no generó ahorros significativos para las finanzas públicas. Quiere decir que con la política seguida por el actual gobierno no sólo se dejaron de surtir las recetas de más pacientes, sino que el gasto público aumentó sin traducirse en resultados.

Si bien el reporte sugiere que probablemente este incremento se dio debido a que se compraron más claves y piezas de medicamentos, en las cifras de abasto no representa un beneficio para los pacientes, pues tal como lo indica el índice de atención a recetas, existe una disminución de por lo menos el 7 por ciento en el indicador.

El mismo BIRMEX, organismo designado para distribución de medicamentos, aceptó recientemente que el desarrollo de un Sistema Nacional de Distribución que cubra las necesidades del país no se ha concluido satisfactoriamente.

En ese sentido es importante mencionar que hasta el 2018 el IMSS operaba el sistema de compra consolidada de medicamentos del Gobierno Federal, que en 2019 fue transferido a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, posteriormente al (INSABI), con apoyo técnico de UNOPS; por lo que cuenta con capacidades técnicas y operativas relevantes para este tema.

Desde Coparmex hacemos un llamado para poner alto a la improvisación que ha afectado a millones de pacientes, donde el caso más doloroso ha sido el de la carencia de quimioterapias para niñas y niños. Estamos seguros que con voluntad, se pueden aprovechar tanto la experiencia del Instituto como el uso de nuevas tecnologías digitales y, sobre todo, logísticas para mejorar la entrega de medicamentos a pacientes. Es urgente un nuevo modelo de distribución eficaz y moderna, que por ejemplo pudiese considerar el envío directo de algunos de los medicamentos desde los laboratorios fabricantes o importadores a los hogares de los derechohabientes, minimizando así el número de intermediarios y despresurizado a las autoridades y a los operadores logísticos.

En Coparmex reiteramos nuestro compromiso de propiciar el diálogo, la colaboración y entendimiento mutuo, tanto al interior del sector privado, como en las instituciones de los tres órdenes de gobierno para impulsar acciones que ayuden a promover y garantizar el acceso a la salud que es un derecho de todas y todos.