Mensaje Político

Alejandro Lelo de Larrea

Aunque ya disminuyó el número de citatorios, aún quedan pendientes por desahogar decenas de carpetas de investigación que le iniciaron a legítimos y legales propietarios de inmuebles ubicados en predios que convergen con lo que será el “Parque de la Justicia”, que edifica la Fiscalía General de la República (FGR) allá en Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón.

Evidentemente la FGR, que encabeza Alejandro Gertz, no ha cejado en su intención de robarle, literal, a cientos de familias sus propiedades. En este caso, hay que resaltar, no es un proceso de expropiación, porque en esos casos el Estado paga una indemnización.

Estos inmuebles se ubican en la zona entre Prolongación Reforma y la Carreterna México Toluca, un predio conocido como Polígono Conafrut, cuya extensión es de 53 hectáreas, en la colonia Carlos A. Madrazo.

La FGR afirma que esos terrenos son propiedad del Estado, y lo fundamenta en un decreto del presidente Porfirio Díaz, del año 1894, el cual fue abrogado y manifiesto en la Constitución de 1917.

Todos los habitantes de esos predios padecen la misma historia de abuso de autoridad, hostigamiento, amenazas y, literal, hasta terrorismo desde una instancia oficial, pues el método que utilizan no puede ser calificado de otra forma.

En vista de que a la FGR le interesan esos predios para hacer su “Parque de la Justicia” más grande, a los propietarios legítimos y legales, les abre carpetas de investigación por “terrorismo, acopio y tráfico de armas”, entre otras barbaridades que les quieren achacar. Sí, así de graves las acusaciones, sin el menor fundamento.

El método de pretendido despojo oficial va en dos etapas. La primera: a los habitantes de esos inmuebles, al azar, les mandaron un citatorio genérico a su domicilio, para que se presentaran en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

Hubo quienes, de buena fe, acudieron, y les resultó peor. Como se identificaron, la FGR aprovechó para, con nombre y apellidos, iniciarles carpetas de investigación. De manera paralela, les advertían que la única forma de librar estas acusaciones era saliéndose del inmueble y cediéndoselo a la FGR.

Incluso, les ofrecían ayuda: que abrirían carpetas de investigación contra quienes les vendieron el inmueble, y de esa forma obligarlos a que ellos les pagaran.

Evidentemente todos dijeron que no. Consultaron y contrataron abogados. Recibieron asesoría de las autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón, donde su titular, Lía Limón, designó a un grupo de juristas para que los apoyaran y acompañaran, por ser habitantes de esa Demarcación Territorial.

Sin embargo, ni así los han dejado de aterrorizar. Hay casos en que el ciudadano ha demostrado ser legal y legítimamente el dueño del inmueble cuestionado, y por lo tanto la FGR tiene que cerrar la carpeta de investigación.

Sin embargo, días después les vuelven a abrir otra carpeta de investigación, cambiando algún dato del domicilio, el número de predio, pero contra el mismo ciudadano.

El tema es que desgastan a la gente, porque mientras para la autoridad sólo representa copiar y pegar, cambiar algunos datos y hacer oficial una carpeta, el ciudadano afectado debe gastar en abogados y vivir días, semanas, meses con el gran temor de perder su patrimonio. La FGR le apuesta al desgaste.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, han guardado silencio al respecto y se quedaron cruzadas de brazos.

La FGR de la “4T”, en todo caso, debería litigar por la vía civil estos predios y poner el ejemplo de conducirse con apego a los derechos humanos y a los principios de legalidad, certeza y debido proceso. ¿Es mucho exigirles?