Mensaje Político

Alejandro Lelo de Larrea

Dicen que para muestra basta un botón. Pues aquí van dos de los excesos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy: uno para perseguir a sus opositores y otro para criminalizar la protesta social, a quienes les exigen la reparación de un daño causado por el gobierno capitalino que encabezó Claudia Sheinbaum durante cuatro años y medio y ahora está a cargo de Martí Batres.

Primer botón de muestra: la Fiscalía pretende condenar a más de 200 años de prisión a Alina Vázquez, líder de comerciantes establecidos en Tláhuac, quienes han exigido el resarcimiento de un daño que les causaron por el desplome de la Línea 12 del Metro. Precisamente este tema lo quiere acallar el gobierno, porque es el que más le afecta a su candidata presidencial Claudia Sheinbaum, pues ese accidente causó la muerte de 27 personas y más de 100 lesionados, algunos con secuelas de discapacidad permanente. El tercer y definitivo dictamen pericial de la empresa holandesa DNV sobre las causas del desplome no sólo responsabilizó al jefe de Gobierno de cuando se construyó, Marcelo Ebrard, sino a la propia Sheinbaum, porque también refieren falta de mantenimiento.

El desplome afectó a más de 250 comerciantes establecidos en avenida Tláhuac, la cual está cerrada en el tramo de cinco estaciones que están en reparación y reconstrucción, desde mayo de 2021. Quebraron sus negocios. Se organizaron y han exigido una indemnización al gobiernno, pero a su líder, Alina Vázquez, la detuvieron por protestar y lleva más de 4 meses en el Penal de Santa Martha Acatitla. Le inventaron tan absurdos delitos, que acumulados alcanzan más de 200 años de prisión. Sí, leyó bien: ¡más de doscientos años! Seguramente Godoy y Batres saben la tremenda injusticia que ahí se está cometiendo. ¿Serán cómplices por comisión o por omisión?

Segundo botón: espionaje político contra los adversarios de Sheinbaum y Godoy, no solo del partido de enfrente, sino también de los de su propio partido, Morena. Hace cosa de un mes, el diario ‘The New York’ Times publicó un reportaje muy bien documentado en el que demuestra que la Fiscalía de Godoy le ordenó a Telcel desde 2021 rastrear la ubicación y el contenido de los mensajes de los teléfonos móviles de Santiago Taboada, virtual candidato opositor a la Jefatura de Gobierno, pero también de destacados militantes de Morena, como el senador Higinio Martínez. A Taboada le iniciaron 14 investigaciones por “secuestro”, pues la Fiscalía tiene la atribución de conseguir esa información de las comunicaciones de quienes son sospechosos de este ilícito, simplemente entregando un oficio a las empresas de telefonía. Godoy negó el hecho.

Lía Limón, alcaldesa de la Álvaro Obregón, tiene indicios de que también a ella la espiaron, al parecer con el mismo método que a Taboada, y por eso el jueves exigió a Godoy que le informe si existe alguna investigación en su contra y cuál es el motivo. Por lo pronto, ya se amparó para que Telcel no pueda entregar la información de su número telefónico a la Fiscalía, así como también ha pedido que un juez federal ordene al Ministerio Público que le informe si hay alguna indagatoria en su contra. “Ya basta de persecución política”, le exigió a la fiscal. La oposición tiene en sus manos ponerle fin a esa situación que han venido denunciando. Traen los votos suficientes para impedir la ratificación de Godoy, sólo falta que ninguno se vaya a echar para atrás. Lo veremos.