Mensaje Político

Alejandro Lelo de Larrea

Aunque parece no haber duda de que dos de los magistrados electorales que propuso el PRI en 2016 y uno que impulsó el PAN ya se sumaron a la causa de la ‘4T’, las otras dos magistradas que podrían completar el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para calificar la elección presidencial de 2024 no necesariamente se van a entregar, porque sus cargos se los deben también… ¡al Prian!

Los siete magistrados que hasta el 1 de noviembre conformaban el Pleno del TEPJF fueron designados por cuota partidista por parte del Senado en 2016, cuando el mandamás era Emilio Gamboa, respaldado por el coordinador panista Fernando Herrera, y por el perredista y después morenista Miguel Barbosa, años más tarde hasta homenajeado por el presidente López Obrador, cuando falleció siendo gobernador de Puebla.

El acuerdo de cuotas fue: cuatro magistrados para el PRI, dos para el PAN, y uno para el PRD. A Barbosa le tocó Indalfer Infante González, uno de los que terminó su encargo en noviembre, igual que el ‘magistrado billetes’, José Luis Vargas Valdez, impulsado por el PRI, con resistencias del PAN pero cedió a cambio de que aceptaran a Reyes Rodríguez, la propuesta del entonces presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth.

Hoy en la Sala Superior hay dos vacantes y sesionan con cinco integrantes, a pesar de que en tiempo y forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió las ternas para que el Senado eligiera nombrar a los nuevos. No hubo acuerdo.

Con dos magistraturas vacantes, en Palacio Nacional y en Morena le apostaron a controlar ese órgano jurisdiccional con tres de sus cinco integrantes: Mónica Soto (propuesta por el PRI en 2016); Felipe de la Mata (PAN), y Felipe Fuentes Barrera (PRI). En una alianza golpista, destituyeron en diciembre a Reyes Rodríguez de la Presidencia, a quien apoyó la magistrada Janine Otálora, impulsada por el PRI y única avalada por unanimidad de los senadores.

En Palacio y Morena creen que ya controlan la máxima instancia electoral. Falta lo más importante: la calificación de la presidencial. El artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que “para hacer la declaración de validez y de Presidenta o Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes”.

El mismo artículo prevé que en caso de vacante definitiva, como es el caso, mientras se hace la elección del nuevo, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o, en su caso, de mayor edad, si existen asuntos de urgente atención.

Como hay tres magistrados hombres y dos mujeres, para garantizar la paridad, deberían ser las dos decanas y de mayor edad: Gabriela Eugenia Del Valle Pérez, de la Sala Regional Guadalajara, y Claudia Valle Aguilasocho, de la Regional Monterrey.  Ambas fueron designadas por los senadores prianistas en 2016.

El jaloneo va a ser fuerte, porque la Sala Superior, controlada por Morena vía los magistrados Soto, De la Mata y Fuentes, podría optar por convocar a una sola magistrada decana para el mínimo de seis como quórum de la calificación electoral, y que con sus tres votos ya asegurados –el de la presidenta es de calidad– validen o no la elección, según convenga en Palacio. Lo veremos.