CDMX MAGACÍN

El Senado de la República ha cumplido con el requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con los nombramientos pendientes de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, confirmó que la Cámara Alta notificó oficialmente al máximo tribunal del país sobre las decisiones tomadas en este asunto.

En una entrevista, Rivera recordó que el pasado 6 de diciembre, el Senado concluyó los procedimientos para designar a los nuevos comisionados del INAI. Este proceso se llevó a cabo tras la falta de mayoría en los votos para los integrantes de las dos ternas propuestas, destinadas a cubrir las vacantes dejadas por los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Javier Acuña Llamas.

La Junta de Coordinación Política del Senado emitió dos acuerdos para dar por concluidos estos procedimientos y generar una nueva convocatoria. Esta acción busca facilitar el logro de los acuerdos necesarios para resolver de manera definitiva estos nombramientos. Ambos acuerdos fueron aprobados en el Pleno del Senado el mismo día con 46 votos a favor, 36 en contra y 0 abstenciones.

Rivera agregó que, el 10 de enero, envió la respuesta oficial a la SCJN, incluyendo la petición de una prórroga para alcanzar los consensos con una nueva convocatoria. Esta acción demuestra que el Senado, dentro de su Periodo Ordinario de Sesiones de 2023, realizó la votación conforme a lo estipulado en la Constitución Política para designar a los comisionados del INAI.

Con el envío de esta respuesta, el Senado cumple con el plazo establecido por la SCJN, que concluía el 12 de enero. Rivera Rivera expresó su esperanza de que, en el próximo Periodo Ordinario, con la nueva convocatoria, se logre el consenso necesario para los nombramientos, algo que no fue posible con los candidatos actuales.

Este proceso subraya la importancia de la transparencia y la protección de datos personales en México, así como la necesidad de un consenso político para fortalecer estas instituciones vitales para la democracia y la gobernanza.